cross-posted from: https://slrpnk.net/post/33808184
El gobierno de Ecuador suspendió el lunes las actividades mineras en tres zonas de la Amazonía y sur del país tras determinar graves afectaciones al ambiente producto de la minería ilegal.
La resolución suscrita por la ministra del Ambiente, Inés Manzano, rige para las provincias de Napo, en la Amazonía, El Oro y Loja, en la zona sur fronteriza con Perú.
Un informe técnico citado en el documento oficial señala que “se ha constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles”, en los ríos Calera, Amarillo y Napo, que atraviesan las mencionadas provincias.
El gobierno dispuso se efectúen inspecciones y procesos sancionatorios para “interceptar la minería ilegal, suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado” y evitar nuevos daños ambientales, indicó un comunicado del Ministerio del Ambiente.
El impacto ambiental causado es “grave” para el activista Leo Cerda, dirigente de comunicaciones de la comunidad Kichwa Shakan Amaru Cachi en la Amazonía, quien dijo a The Associated Press que la contaminación del río Napo genera “enfermedades, alergias, abortos”, impactando a más de 100.000 habitantes de la ribera y sus afluentes.
Según Cerda, en Napo existen 288 concesiones mineras y licencias ambientales que “se otorgaron porque hay corrupción en los organismos de control”, por lo que pidió una depuración institucional.
La Cámara de Minería del Ecuador respaldó en un comunicado toda acción de lucha contra la extracción ilícita de minerales que genera graves problemas ambientales, sociales y de seguridad que requieren “una respuesta firme del Estado”.
Pese a que en junio de 2023 el entonces gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) declaró a la minería ilegal como grave amenaza para el Estado, su expansión no se ha detenido y por el contrario ha proliferado, impulsada por los altos costos del oro.
Esta actividad ilícita tiene estrecha vinculación con organizaciones de delincuencia organizada dedicadas al narcotráfico lo que conllevó un aumento de violencia, comentó Cerda.
Hay empresas “que para no hacer el debido proceso (de legalización) se juntan con bandas transnacionales y están financiando la violencia en el país, roban el combustible para operar las máquinas y todo es dinero mal habido”, afirmó el activista.
En 2024 dos alcaldes de ciudades mineras de la provincia de El Oro fueron asesinados al igual que otro en una zona minera de la provincia de Azuay.
La explotación ilegal, principalmente de oro, se registra en al menos 11 provincias del país, entre ellas, Napo, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, en la Amazonía, así como en Imbabura y Loja, en la región andina, entre las principales.